Tanto las personas afectadas por la dislexia como sus familiares llevan muchos años sufriendo en silencio la falta de atención de los poderes públicos para con ellos. Su estado de ánimo, según las asociaciones que les agrupan, fluctúa entre la desesperación y la soledad. Una de las causas de la desatención por parte de los poderes públicos es que la dislexia sigue considerada como un trastorno del aprendizaje y no como una enfermedad.

En el caso de la Seguridad Social Española, aunque la misma tienen en su plantilla profesionales que podrían tratar los casos de dislexia, fundamentalmente psicólogos y logopedas, los disléxicos no llegan a ser tratados por estos profesionales debido a la no calificación por la Seguridad Social como enfermedad de la dislexia. En muchos casos las familias que tienen algún miembro aquejado por esta enfermedad no tienen los recursos suficientes como para acudir a tratamientos de índole privado.

Los tratamientos privados de esta enfermedad pueden llegar a ser muy caros; solo el simple hecho de su diagnóstico puede llegar a costar, en la sanidad privada, una cantidad que oscila entre los 400 y los 600 €. El posterior tratamiento, en el que pueden estar involucrados logopedas, neurólogos y psicólogos, viene a costar entre 30 y 50 € por sesión.

Las asociaciones de disléxicos reclaman que sea la sanidad pública la que se haga cargo del tratamiento de los disléxicos, ya que actualmente se da la paradoja que casos muy leves de dislexia si son tratados por los logopedas de la seguridad social, mientras que en los casos graves los padres de los niños se encuentran con un muro burocrático que impide que estos sean tratados convenientemente.

Fuente: 20 minutos |    Imagen: miemo

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